La que se ha venido en llamar Ley Sinde es una de las mayores burlas a nuestro sistema de Derecho. La industria, que viene chocándose contra las resoluciones judiciales favorables a las páginas de enlaces día sí día también, ha encontrado un atajo para combatirlas: obviar a los tribunales. La expresidenta de la academia de cine, cuya industria ha perdido juicio tras juicio contra este tipo de webs, cumple los deseos de su gremio y hace desaparecer a los jueces con un chasquido de dedos.
Mientras los tribunales siguen dejando claro que las páginas de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual, la Ley Sinde continúa su paseo triunfal hasta su aprobación. Los editoriales de El Mundo y El País, con Google y similares como objeto de su obsesión particular, aplauden la iniciativa y piden que no se escuche a los "piratas del todo gratis". Los políticos, por su parte, acarician el lomo de su criatura mientras fingen que no saben que los tribunales declaran no infractoras las mismas páginas que ellos quieren cerrar por la puerta de atrás. Por último, los abogados de la industria se frotan las manos y justifican la sustitución de tribunales por órganos administrativos sugiriendo que perdían los casos por culpa de la impericia de los jueces. Es que
"se estaba aplicando mal el Código Penal" dijo una abogada en una entrevista sin perder la sonrisa.
Dejándolo por escrito sin ningún pudor ni temor, SGAE llega a sostener en sus recursos contra las sentencias favorables a las páginas de enlaces que el Gobierno ha tenido que reaccionar con la Ley Sinde para conseguir cerrarlas. Es decir, SGAE viene a defender con ese argumento que se aprobará una ley que trasladará las competencias de decisión de los jueces a la administración para conseguir cerrar páginas idénticas a la que ha sido absuelta por la sentencia que ella misma está recurriendo.
La razón de todo este disparate es, como casi siempre, económica. La industria del cine y de la música, que quiere lanzar sus webs de pago, tiene una enorme competencia en las redes P2P y las páginas que indexan su contenido. Tras el fracaso en su guerra contra las primeras, luchó judicialmente contra las segundas con el mismo resultado. Así las cosas, la comisión administrativa que el Ministerio de Cultura fabrica para la ocasión es vista por la industria como el barrendero que eliminará, sí o sí, toda esta molesta competencia.
"Las webs de pago, hoy destinadas al fracaso, serán exitosas sin las páginas de enlaces", creen ingenuamente quienes confunden el índice de la enciclopedia con la enciclopedia.
Por si quedaba alguna duda de la motivación, Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, ha dicho que ya tienen preparados cientos de acuerdos para empezar a comercializar sus productos en la red. ¿En qué fecha? "
Al día siguiente de que se apruebe la Ley de Economía Sostenible". Por supuesto.
El Ministerio de Cultura, fiel representante de la industria, recorrerá su camino en línea recta y sin ningún rodeo. En el viaje, pisoteará nuestro sistema de Derecho. Únicamente lo veremos mirar a los lados para pararse un momento y lamentarse porque han vulnerado su derecho a la libertad de expresión con un ataque DDoS. Y así, golpeándose el pecho por sus derechos fundamentales, aprobará una ley nacida para aplastarlos.
